jueves, 7 de junio de 2012

EL ESTADO EMPRENDEDOR 4

Regulación y tutela.
El factor clave para que una empresa no sea eficiente es la ineficiente gestión de empresario. Esta afirmación que he hecho en un párrafo anterior me lleva a una de las ideas claves de este ensayo: la tutela del pequeño empresario.

La regulación necesaria en el ámbito empresarial a la que me voy a referir consiste básicamente en tratar de “desatascar” esos “estrangulamientos” que se producen en la cadena de valor de determinados productos que hacen que el precio final sea muchas veces escandalosamente alto. Pongo un ejemplo. Los agricultores sector hortofrutícola viene quejándose, y con razón, del bajo precio al que tienen que vender sus productos por la acción oligopolista de mayoristas y grandes cadenas de distribución que imponen cantidades y precios y la desproporción existente con los precios que pagan los consumidores que muchas veces rondan el 400 y el 500%. A eso se añade los altos precios que han de pagar a proveedores de simientes y productos fitosanitarios que también actúan oligopolísticamente, es decir, se encuentran metidos en un sanwich presionados por dos oligopolios. En la última comparecencia del presidente de la CNC (Comisión Nacional de la Competencia) en la Comisión de Economía, a la que asistí como secretario primero de la misma, se trató precisamente esta circunstancia donde se puso perversamente de manifiesto que, como ocurrió con la iniciativa de las organizaciones agrarias de agricultores para acordar el establecimiento de precios mínimos respecto a los productos de la horticultura almeriense, esto fue penalizado por la CNC por incumplir las normas de libre comercio, pero los distribuidores no incurrían legalmente en posición de dominio por no alcanzar ninguna de ellas el 20% de cuota de mercado. Decía perversamente precisamente por eso, por verse el sector en medio de dos “kluster” que estrangulan el mercado subiendo precios y dejando poco margen al agricultor hundiendo o deteriorando el sector hortofrutícola y perjudicando al consumidor.

Es claro, que ante una falta de regulación más estricta respecto a los “kluster” la solución es cooperativizarse para entrar en el sector de la distribución y en el de la semilla, cooperativizarse para constituirse en un “kluster” que equilibre su situación de dominio sobre el mercado en relación a los otros “klusters”, cooperativizarse u otras formas de economía social para mancomunar acciones de internalización, de inversión, de industrialización, de investigación en I+D+i, para diversificarse y externalizarse, para garantizarse una suficiente financiación, para redistribuir la renta proveniente del sector, sus beneficios.

En la internalización es necesario explorar formulas como el joint venture mediante contratos de colaboración, mediante la creación de UTEs previstas en la legislación mercantil española, mediante contratos mercantiles de programación de compras, mediante la creación de empresas mixtas, también mediante la creación de asociaciones, fundaciones o cualquiera otra de las formulas de economía social que contemple la legislación de los países donde se ubican las empresas, según convenga, domiciliadas donde se producen las ventas o las compras: estas formulas de personalidad jurídica social o societaria serán titulares de inversiones conjuntas, integrarán la aportación de cada una de las empresas ubicadas en países distintos y que puede consistir en la aportación de una a otra de materias primas con una logística diseñada a propósito y cohesionada ex profeso, pueden consistir en la titularidad de una aportación conjunta de capital, de tecnología, de conocimiento del mercado, de ventas y canales de distribución, de personal en el origen y en el final de la cadena de valor, de financiación por entidades financieras de uno u otro país o de ambos países o simplemente la sinergia de los know-how (‘saber hacer’) de ambas empresas o todo ello conjuntamente. Dicha alianza no implicará la pérdida de la identidad e individualidad como persona jurídica de cada una de las empresas participantes, sino que constituiría el autsourcing (la externalización) compartido por dos o más empresas en alianza estratégica comercial, industrial o de aprovisionamiento.

Por poner un ejemplo, cooperativas hortofrutícolas u oleícolas o, mejor, uniones de cooperativas de una zona o región, a modo de “kluster”, pueden utilizar algunas de las formulas de joint venture expuestas anteriormente para conectar con las distintas redes de distribución de los países destinatarios, no sólo con las grandes superficies, sino con supermercados, hipermercados y comercio minorista; se pueden concertar contratos de programación de suministro anual y pago programado en el año incluidas garantías mediante avales de cobros y suministros.

La tutela a la que me refería en el título de este apartado tiene que ver con el emprendimiento, con el nacimiento de una empresa para que se vea favorecida por la eliminación de barreras de entrada muy estudiadas en la literatura económica pero no tanto sus soluciones, también, por qué no, de empresas que siendo viables y que por determinadas debilidades entran en crisis (mala gestión empresarial, dumping comerical, deficiente financiación o circunstancias coyunturales) necesitan el apoyo o la tutela necesaria para no ser exterminada y seguir su andadura.

En Andalucía, y probablemente en otras comunidades autónomas que conozco menos también se de, ocurre que tenemos una red de sociedades públicas de capital riesgo cuyo objetivo es precisamente eliminar una de esas barreras de entrada a empresas que basan su negocio en sectores que se consideran estratégicos como es la indisponibilidad del capital inicial. Las sociedades de capital riesgo entran a participar en el capital de empresas que nacen o que se encuentran en dificultades. Que yo recuerde en los años 80 nacieron SOPREA, S.A. (Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía) que llegó a coexistir con SODIAN, S.A. (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Andalucía) aunque parecía que esta última sustituía a la primera. En Aragón, homónimamente, nació SODIAR, S.A., en Extremadura, SODIEX, S.A.. Siguiendo con Andalucía, también en esas fechas se constituyó SODEAN, S.A. (Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía). En los años 90 pareció que se apostó por un modelo de capital riesgo provincializado, así nació, por ejemplo en Almería, Iniciativas Económicas de Almería, S.C.R., S.A., en Málaga, Inversiones e Iniciativas Málaga SCR,.., etc.

En 2005 nace en Andalucía INVERCARIA, S.C.R., Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía es una empresa pública perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y está participada al 100% por la Agencia IDEA. Parece ahora que INVERCARIA tratara de integrar la red de sociedades de capital riesgo de Andalucía y llenar el vacío del capital riesgo para pymes.

El Sistema de Sociedades de Capital Riesgo es otro instrumento público de apoyo a las pymes en el acceso a la financiación que es uno de los problemas, sino el principal, de estas empresas. El Fortalecimiento del sistema SGR y de segundo aval es vital para el tejido productivo de un país, España, y en concreto de una Comunidad Autónoma, Andalucía, constituido por más de un 90% de pymes.

Las SGR (Sociedades de Garantía Recíproca) son unas sociedades que cuyo producto es el aval. Estas sociedades, existentes desde hace décadas en países industrializados y motores económicos de Europa como Alemania y Francia y que tuvieron un, a mi juicio, tímido (aunque no despreciable) crecimiento en España en los años 80. Aunque son instituciones de derecho privado, como las sociedades de capital riesgo de iniciativa pública, se constituyen también a iniciativa pública y social y se van nutriendo por la incorporación de socios usuarios de las mismas. Es decir, existen unos socios denominados “socios protectores” y otros socios denominados “socios partícipes”. Pongo un ejemplo: AVALUNION, SGR, sociedad en la que trabajé durante ocho años, es una de las tres SGRs que nacieron a principios de los años ochenta en Andalucía (las otras dos eran SURAVAL, SGR y CORAVAL, SGR), alguna de ellas desapareció por sus malos resultados.

AVALUNIÓN, SGR surgió con los siguientes “socios protectores”: la aportación de la Junta de Andalucía, las Diputaciones de Almería, Jaén y Granada, asociaciones de empresarios de Almería, Jaén y Granada y determinadas entidades financieras y empresas grandes y medianas de las mencionadas tres provincias que era el ámbito territorial de actuación de la SGR. El capital inicial fue aproximadamente entre unos 250 a 300 millones de pesetas que permitió en aquellos años valar por importe anual entre 15 y 20 veces más (es decir, aval por 5 ó 6 mil millones de las antiguas pesetas).
La operativa es la siguiente: cuando un pequeño empresario, existente o nuevo, necesita un aval (ante una entidad financiera para obtener un crédito, ante un proveedor para avalar unas letras de cambio, una fianza para concursar a licitaciones públicas o para responder de trabajos futuros, etc.) lo solicita a la SGR, previa adquisición de una “participación social” (es necesario ser socio para ser usuario) que inicia un estudio económico y financiero de la empresa así como de la una exigencia de garantía del empresario solicitante ante la SGR formalizado en una póliza de aval, o incluso una garantía hipotecaria si así lo requiere la operación (lógicamente esta contragarantía que exige la SGR es menor que la que le pediría una entidad financiera, pero el estudio económico financiero es más profundo).

En España hemos seguido un modelo parecido al modelo alemán, es decir, las SGRs nacen al amparo de los landers alemanes, con la particularidad de que éstos, los landers alemanes, además participaban en el riesgo, es decir, no sólo aportaban capital para su constitución como socios protectores sino que reavalan a la propia SGR. En España, en 1981 se constituyó la Sociedad Mixta de Segundo Aval, cuyo fin es, como su nombre indica reavalar a las SGRs dando más solvencia a las mismas. El sistema SGR está bajo la disciplina del Banco de España.

CÓMO IMPULSAR EL SISTEMA SGR: Fortaleciendo o recapitalizando a la Sociedad Mixta del Segundo Aval, y esto no se ha hecho y es importante, por la vía del aval del Estado o Comunidad Autónoma, que a su vez recale en el sistema. La ventaja es que así no es necesario un desembolso de capital financiero físico por parte del Estado o Comunidad Autónoma aunque evidentemente esto supone una asunción de riesgo por parte del Estado que hay que gestionar con mucho rigor para no incurrir en fallidos sobredimensionados.

Para que se visualice la importancia de esta medida pondré un ejemplo cuantitatívo. Sí el sistema consigue un índice de fallidos del 5% anual con una aportación anual de 5.000 millones € se estaría movilizando un flujo de 100.000 millones de € para la pyme. A partir de ahí se pueden extrapolar lo que ello significaría cuantitativamente en creación de empleo. No tengo datos actualmente al respecto pero utilizando un ratio prudente, si por cada 250.000€ de flujo de crédito se creara un empleo estaríamos hablando de la creación de 400.000 empleos/año que para una Comunidad Autónoma como Andalucía supondría acabar en un año con un tercio de su tasa de paro.

Apoyo y tutela a las PYMEs existentes y a las enciernes “nuevos emprendedores”:

Hasta ahora hemos descrito la problemática del acceso al crédito de las PYMEs y como el sistema SGR junto con el sistema SCR puede ser una de las formulas que den solución a esta problemática. Pero la PYME tiene toda una serie de debilidades y amenazas que suponen una gran desventajas con respecto a la gran empresa derivadas de su tamaño y debilidad como:

a.1.) Gestión y administración ineficiente e ineficaz.
a.2.) Gestión de recursos humanos precaria.
a.3.) Posición negociadora débil.
a.4.) Estructuras comerciales y promocionales débiles, ineficientes e ineficaces.
a.5.) Posibilidades de desarrollo de I + D + i débiles, ineficientes e ineficaces.
a.6.) Búsqueda de nuevos mercados e internacionalización débil.
a.7.) Otras debilidades derivadas de su dimensión.

Mi apuesta es la que a continuación expondré y que toca los dos puntos claves para que funcione:
1ª clave: promover el crédito por la vía del aval generando papel y dinero electrónico en un momento en que la confianza en el recobro es origen de la crisis.
2ª clave: tutelar a las pymes nacientes y con dificultades financieras en todas esas debilidades que hemos enumerado.

¿Cómo conseguirlo?

Ante la dispersión de los sistemas SCR y SGR, además de los organismos que canalizan ayudas y subvenciones a pymes como lo es en Andalucía la Agencia IDEA, los parques tecnológicos, los viveros de empresas de distintas instituciones publicas y privadas (las patrocinadas por Cámaras de Comercio -después me referiré a nuevos yacimientos de actuaciones de éstas-, por las Universidades y otros organismos oficiales de apoyo a las PYMES, organizaciones empresariales y de economía social, …, etc.) es necesario la creación de un “servicio integrado de gestión pública para empresas usuarias de capital público (usuarias de las Sociedades de Capital Riesgo), de aval público (usuarias de las Sociedades de Garantía Recíproca), de subvención pública y de otras ayudas”.

¿Cómo se estructuraría este servicio?

Cuando entre 1986 y 1994 fui analista de inversiones de AVALUNIÓN, SGR en su delegación de Almería. En 1986 se estaba viviendo en Almería un segundo “bum” del “cultivo bajo plástico”, sin duda, impulsado por nuestra reciente incorporación a la entonces CEE (Comunidad Económica Europea).

La innovación anónima que se fue produciendo lentamente durante final de los años sesenta y durante los años setenta al sustituir los parrales de uva de Almería por el cultivo bajo plástico, los invernaderos (aún llamados algunos invernaderos tipo parral porque al inicio se utilizó las estructuras de los parrales para poner los primeros plásticos en la pueblos como Berja, Dalías y mas tarde El Ejido que se independiza de Dalias) cuyo factor competitivo es el cultivo extratemprano y crecimiento rápido cuando Europa estaba helada comenzarón a incrementar las rentas de los agricultores almerienses.
Más tarde, en los años ochenta ya durante el primer gobierno socialista de la democracia se produce el segundo factor que catapulta a la horticultura almeriense, nuestra incorporación a la entonces CEE (Comunidad Económica Europea). Esto significó que los productos hortofrutícolas de Almería comenzaban a tener libre circulación por los países miembros de la CEE, atrás iba quedando las imágenes de los camiones volcados en la frontera francesa y los límites de los cupos de exportación. También se iban produciendo avances en la construcción de la instalación de los invernaderos; se empezaba ya con el cultivo hidropónico, los mayores y mejores controles de los productos fitosanitarios, etc. Comenzaron las primeras Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT). Hubo un intento de modelo de gran empresa que fracasó estrepitosamente, la empresa “Tierras de Almería” o también denominada QUASH de capital holandés. La crisis de aquellos años y/o la mejor adaptación del modelo de explotación familiar dio al traste con esta empresa que, según cuentan supuso un fallido al entonces BANESTO de Mario Conde más de cinco mil millones de las antiguas pesetas.

Como decía surgieron de forma casi natural las empresas de economía social que diera cobertura a esa necesidad de mancomunar recursos que tenían las explotaciones familiares, surgieron las primeras cooperativas y sociedades agrarias de transformación. La crisis de la segunda mitad de la década de los años ochenta puso de manifiesto la debilidad de muchas de ellas. ¿Problemas? Falta de cultura cooperativa, falta de preparación empresarial de los cooperativistas (algunas cooperativas o SAT no tenían más allá de diez o doce socios), acometimiento de inversiones mal financiadas que ante la mínima contracción del crédito hizo a muchas suspender pagos y quebrar después produciendo a la ruina de sus socios avalistas de estas empresas. También solía ocurrir, o al menos es la leyenda urbana, que contrataban a un gerente que ante la menor dificultad huía, o estaba mal preparado o les engañaba, surgían discrepancias entre los antes bienavenidos socios. En definitiva adolecían de todas las debilidades que anteriormente enumeramos.

En el sector de la piedra natural, el mármol de Macael y toda la comarca del mármol (Olula del Río, Cantoria, Fines, etc.) pasaba “tres cuartos” de lo mismo con el agravante que la “minicrisis” del sector de la construcción de esos años produjo una alta morosidad e incobrables para las empresas suministradoras de mármol que, como se dice en el argot, les metían un par de “enganches” y acaban con la empresa en suspensión de pagos, todo ello por una falta de gestión cobros y del crédito a clientes inapropiado.

Otro sector, el del turismo muy estacional y muy enfocado al “sol y playa” algo menos virulento en cuanto a la destrucción de empresas pero estacional y precario entonces ahora incrementa notablemente sus expectativas con el avance en las comunicaciones de Almería, reivindicación histórica de Almería por su ubicación geográfica y depresión económica ancestral.

Estos sectores junto con el comercio y pequeña industria eran los pilares de la estructura económica de Almería; en este contexto no era fácil que una empresa como AVALUNIÓN, SGR pudiera desarrollar su cometido manteniendo bajos índices de morosidad e incobrables. En qué se basaba y se basa su éxito, en el rigor del estudio económico, en el rigor del análisis y todo lo que significa la profesión de “toma de riesgos”. Aún así recuerdo que cuando se formalizaba una operación de aval comentábamos que “nos habíamos cogido de la mano” con este empresario o con esta empresa y ya le perdíamos la pista hasta el cumplimiento de la operación o en lo negativo cuando la empresa empezaba a incumplir son sus pagos.

Es por eso que ese “servicio integrado de gestión pública de las empresa usuarias” a la luz de los avances tecnológicos podría “intervenir” a la empresa en su gestión diaria “on line”, podría, desde realizar la teneduría de la contabilidad y fiscalidad hasta implementar modelos de gestión sostenibles para la empresa, incluso mancomunar los poderes, al menos en determinadas operaciones, hasta que la empresa cumpla con las obligaciones emanantes del capital público del que se beneficia, de los avales de los que se benefician o de las ayudas que han recibido. Se trata del el “Gran Hermano” en la empresa.

¿Cómo se financiaría este servicio? La empresa, como si pagara la factura de la asesoría privada. ¿Cómo estaría obligada la empresa? contractualmente conjuntamente con la operación de capital, aval o ayuda. Evidentemente e inicialmente, los despachos profesionales de asesores y consultores no estarán de acuerdo con esta iniciativa por la competencia que les supone, lo tacharán de intervencionista, pero quizás se pueden buscar soluciones intermedias y de cooperación.

Se que tiene envergadura la propuesta, se dirá que es difícil, pero sabemos que la iniciativa privada lo hace, que contando con los mejores se puede hacer, que se está haciendo de forma deslabazada y además, …, por qué dejar a la total iniciativa privada el emprendimiento, el bien público que es el empleo, por qué no puede ser una innovación gubernamental lo que he llamado el “Estado Emprendedor”. Mejor “llevar el volante” desde el Estado para que no se produzca un accidente que encontrarnos el vehículo accidentado.

Por último quiero poner otro ejemplo: el caso de Delphi en Cádiz. La experiencia nos ha enseñado que los inversores, sobre todo cuando son extranjeros, que obtengan subvenciones públicas habrían de depositar un aval que garantice que nos se irán desmantelando la empresa y estar atentos a la generación de una cooperativa que mantenga los puestos de trabajo siempre y cuando la empresa sea viable.

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